Viernes 11 de Noviembre de 2016
Se realizó un acto pidiendo la liberación de la militante y activista Milagro Sala
El Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon realizó hoy un acto pidiendo la liberación de la militante y activista Milagro Sala, tomando en cuenta la resolución del Grupo de Trabajo que depende de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas del 28 de Octubre de 2016, que solicita su liberación inmediata.
El acto se desarrolló en el recinto de sesiones por iniciativa de la concejal Marina Santoro (FpV). También asistieron el concejal Marcos Gutiérrez (FpV), el titular del Comité por la Libertad de Milagro Sala, Osvaldo Vocero; el titular del gremio de Maestranza de Casinos, y referente de CTA, Roberto “Chucho” Páez; Walter Alejandro Rodríguez, defensor del Pueblo; y referentes de Pueblos Originarios.
Luego del video institucional “Historias de Abuelas. La identidad no se impone”, realizado por personal del Teatro Auditorium-Centro Provincial de las Artes, se proyectó otro video explicando el contexto y los intereses políticos, judiciales, sociales y económicos en torno a la detención de Sala, ocurrida el pasado 16 de enero. Detención que continúa a pesar de una resolución de la ONU y el reclamo en diversos puntos del país y el exterior.
Después, Santoro expresó: “Son 300 días con Milagro detenida. Es un acto importante, donde hacemos un reclamo justo, democrático y político. Dos días después de su detención ya hemos expresado un proyecto reclamando su liberación. Todo empezó por un decreto de la provincia de Jujuy. Había una idea de favorecer amigos, en forma arbitraria. Eso generó una reacción y movilización popular, un acampe pacífico. No hubo violencia en esa marcha y acampe en la plaza Belgrano. Por decreto el Gobierno amenazó con sacar personería jurídica a cooperativas si no despejaban la plaza. Ante la resistencia de las organizaciones libres del pueblo, ordenan la detención de Milagro, por oponerse a liberar la plaza y acatar las órdenes del Gobierno. Ahí se generó un entramado de causas mentirosas. Hay mucho apoyo del mundo, una resolución de la ONU pidiendo su liberación, una declaración del Papa Francisco. A la ofensiva de los intereses de los poderosos para mantener presa a Milagro, se le generó una contraofensiva del pueblo. Sala está detenida por defender y reclamar trabajo y techo para los más necesitados, por oponerse al avance oprobioso del neoliberalismo”.
Y, por su parte, Vocero consignó: “Los poderes judicial, económico y mediático omitieron las obras realizadas por la Cooperativa Tupac Amaru, los beneficios de trabajo y vivienda para el pueblo, para los que menos tienen. Hay un manto de omisión, para desinformar y tergiversar información sobre Milagro, poniéndola en un lugar que no le corresponde a través de operaciones políticas. Por eso, nuestra misión es mantener la injusta detención de Sala en la agenda de los medios y del pueblo, reclamando incansablemente su libertad. Gracias por realizar este acto institucional. Llegamos a los 300 días por la persecución política, económica y del poder judicial y económico de los Blaquier en Jujuy. Sala fue detenida en una movilización pacífica por reclamar trabajo para los integrantes de la Cooperativa Tupac Amaru”.
Argumentos
El Estado argentino tiene la responsabilidad de cumplir con la resolución de la ONU ya que si bien no es vinculante, está en concordancia con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Esta resolución se emitió a pedido de Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes).
Dicha resolución señala que "la detención de la señora Milagro Sala es arbitraria" y en consecuencia solicita "al gobierno de la República Argentina liberarla de inmediato".
En el comunicado se manifiesta que "Hubo un entramado de 'acusaciones consecutivas' e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo” y se advierte que en su caso se está vulnerando la independencia judicial.
Al analizar las causas judiciales por las que Milagro Sala está privada de su libertad, se concluye que no constan elementos legales para justificar su prisión preventiva ya que no se demostró que exista riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que la justifiquen.
De acuerdo con la resolución mencionada el Estado impidió el ejercicio del derecho de defensa de la acusada por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan.
Asimismo, dicho organismo señala que Milagro Sala, por su condición de parlamentaria del Mercosur, contaba con fueros que impedían su detención.
Vale destacar cómo se desataron los acontecimientos, según expresaron integrantes del bloque de concejales del FpV: “El Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dispuso por DECRETO N 195¬/2015 un nuevo plan de empadronamiento y regularización de cooperativas al que deberán inscribirse todas las asociaciones que quieran seguir percibiendo planes sociales, alimenticios y de vivienda y que el mismo además de arbitrario no ha sido aplicado de forma que haya garantizado una misma igualdad de condiciones para todas las asociaciones sociales y civiles de la Provincia de Jujuy.
En su justo derecho de protesta, cientos de familias beneficiarias de políticas sociales que son perjudicadas por las arbitrarias medidas que impone el citado decreto del poder ejecutivo provincial, resuelven realizar un acampe pacifico en el denominado Paseo de la Bandera, área que comprende Plaza Belgrano y adyacencias.
A partir de que fue realizada esta medida de fuerza por las cooperativas y sus cooperativistas, que además de legítima, nunca incurrió en ninguna ilegalidad, la Gobernación emite un nuevo DECRETO 403/2016 y que en un claro ejemplo de criminalización de la protesta social y de persecución ideológica dispone en su artículo 4 : “Que se retire la personería jurídica de las asociaciones civiles, con motivo de del o los delitos cometidos en oportunidad de la toma y acampe en el denominado Paseo de la Bandera” y que el mismo decreto en su artículo 5 dispone de forma claramente extorsiva…”Aquellas personas y organizaciones que a partir de las 00.00 horas del día 14/01/2016 sigan realizando la toma y el acampe estarán excluidos de la aplicación de los planes y programas que se aprueban y ratifican en el presente decreto acuerdo. Así mismo estarán excluidos de todo tipo de beneficio o plan social, adjudicación de lote o vivienda, y plan o programa de viviendas, núcleos húmedos y demás obras a realizar por cooperativas o organizaciones sociales por parte del Gobierno de la Provincia sean estos financiados con recursos provinciales o nacionales”.
Simultáneamente a la emisión de este último decreto el Gobierno Provincial denuncia a la Diputada del Parlasur Milagro Sala por los cargos de “instigación a cometer ilícitos y alzarse contra los actos de gobierno” y que el Juez de feria Raúl Gutiérrez por pedido de la fiscal Liliana Fernández hace lugar a la denuncia e imputa los cargos generando la detención realizada el sábado por la tarde.
Esto constituye un hecho gravísimo que sienta precedentes venideros en todo lo referente a la criminalización de la protesta social, ya que estos hechos que se le imputan, según el acta del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy, Sala efectuó las indicaciones (las cuales se capturan mediante un supuesto video) mediante “arengas, señalamientos ademanes y gestos a los fines de que se acampara lo que origino entorpecimiento de la vía pública”.
La detención de la diputada es producto de una causa penal que esta armada de un modo similar a muchas que han pretendido criminalizar la protesta, que se le imputan vaguedades y se le suman delitos para justificar una pena en expectativa que habilite su detención.
Surge de la denuncia una interpretación formalista del delito de corte de calle y una formulación general de la instigación de ocupación de lugares públicos y que las imputaciones realizadas además de peligrosas, son vagas y arbitrarias.
La diputada se encuentra alojada en una celda común de la Comisaria de la Mujer de la Capital de la Provincia de Jujuy y que en el día de ayer se presento un pedido de excarcelación presentado por la defensa de la dirigente quien mantiene una huelga de hambre y que el pedido ha sido supuestamente denegado.
Se hace necesario que el conjunto del sistema político y democrático rechace el hecho de que se criminalicen las practicas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta, por constituir esto, una restricción de las libertades democráticas y una aplicación ilegitima del derecho penal y porque nuestro compromiso debe estar siempre orientados a que los conflictos sociales y políticos deban ser siempre dirimidos a través del dialogo y la política”.