Mar del Plata,  18  de enero de 2021.-

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante

Partido de General Pueyrredon

Cjal. Ariel Martínez Bordaisco

S / D

VISTO:

La suspensión de clases presenciales en todos los niveles y modalidades educativas a causa de la emergencia sanitaria producto de la pandemia de COVID 19, a partir del Resolución 554/2020 de la Dirección General de Cultura y Educación, ratificada y prorrogada por Resoluciones 555/20, 574/20, 657/2020, 759/2020 y posteriores;

Y CONSIDERANDO:

Que es necesario poner en agenda la educación.

Que es responsabilidad indelegable del Estado garantizar la educación, y así lo ha asumido desde la Constitución original, su reforma y la incorporación de diversos Tratados Internacionales que adquirieron jerarquía constitucional (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, etc.).

Que el regreso presencial de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a las escuelas se hace urgente luego de su cierre durante todo el ciclo escolar del año 2020.

Que la recuperación del espacio escolar como centro básico del aprendizaje y el lugar donde niños, niñas y adolescentes ponen en práctica sus habilidades socioemocionales es fundamental para evitar mayores daños a su preparación educativa, como así también evitar profundizar los problemas de salud derivados por la suspensión de clases presenciales debido a la pandemia.

Que la pandemia que atravesamos durante todo el año 2020 -y que nos seguirá acechando al parecer buena parte del presente año- ha dejado a la luz una verdadera tragedia educativa. Por medio de diferentes Decretos de Necesidad y Urgencia, se fueron flexibilizando actividades de toda índole pero sin embargo al día de hoy resulta inexplicable la exclusión de la actividad docente en el conjunto de los trabajadores esenciales.

Que la educación es un bien social por el cual todos debiéramos adoptar conductas positivas y activas que aseguren su vigencia. Independientemente de constituir un derecho humano individual es, simultánea y claramente, un bien social, colectivo, por el cual se generan obligaciones para el Estado.

Que a lo largo de todo este tiempo infinidad de infectólogos, médicos en general, representantes de establecimientos educativos, pedagogos, psicólogos, médicos, padres y madres de familia y docentes vienen manifestando la importancia de volver al aprendizaje presencial en las aulas sin descuidar las medidas de protección e higiene como el uso de tapabocas, desinfectantes, distanciamiento, dispositivos para tomar la temperatura y evitar aglomeraciones, tal como ocurre en países de Europa, Asia y algunos países del continente Americano donde los establecimientos educativos permanecieron siempre abiertos y con los niños y niñas en las aulas.

Que en este sentido también se ha manifestado la Organización Mundial de la Salud (OMS) al considerar que tener las escuelas cerradas ya no es una medida efectiva contra el coronavirus y reitera que los confinamientos “son una pérdida de recursos” defendiendo la necesidad de mantener abiertas las escuelas durante la pandemia de coronavirus, y considerando que pueden evitarse los confinamientos si se aumentan las medidas de protección. Así mismo el director del organismo afirmó que se debe asegurar la enseñanza para nuestros hijos e hijas, resaltando que niños, niñas y adolescentes no son impulsores principales del contagio y que el cierre de las escuelas no es efectivo.

Que en este sentido también se ha conocido el reciente informe de la Directora Ejecutiva de Unicef Henrietta Fiore quién destacó que, “a medida que nos adentramos en el segundo año de la pandemia de la COVID-19 y los casos siguen aumentando en todo el mundo, no se deben escatimar esfuerzos para mantener las escuelas abiertas o para darles prioridad en los planes de reapertura”. Así como sobre el cierre en diversos países del mundo, expresó “Aunque existen pruebas contundentes acerca de los efectos del cierre de las escuelas sobre los niños y cada vez hay más evidencia de que las escuelas no son la causa de la pandemia, en muchos países se ha optado por mantener las escuelas cerradas y algunas no abren desde hace casi un año. El precio del cierre de las escuelas (que en el momento álgido de los confinamientos por la pandemia afectó al 90% de los estudiantes de todo el mundo y privó de acceso a la educación a distancia a más de una tercera parte de los niños en edad escolar) ha sido devastador”. En este mismo sentido, fue contundente al destacar que  “si los niños tienen que afrontar otro año sin escuela, los efectos seguirán haciendo estragos en las próximas generaciones”.

Que por su parte la UNESCO establece que “por su carácter de derecho habilitante, la educación es un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados salir de la pobreza y participar plenamente en la vida de la comunidad”. Asimismo, sostienen en informe publicado en Diciembre de 2020 que “mientras continúan surgiendo evidencias con respecto a los efectos de la educación presencial sobre el riesgo de infecciones por COVID-19, una revisión de la evidencia actual muestra que la educación presencial no parece ser el principal promotor de los incrementos de la infección, los estudiantes no parecen estar expuestos a mayores riesgos de infección en comparación con el hecho de no asistir a la escuela cuando se aplican medidas de mitigación, y el personal escolar tampoco parece estar expuesto a mayores riesgos relativos en comparación con la población general. Por otra parte, es importante señalar que en la mayoría de los casos las escuelas han reabierto junto con la implementación de diversas medidas de mitigación y algunas de las primeras investigaciones revisadas se recolectaron en el contexto de reaperturas de escuelas relativamente limitadas”.

En el mismo sentido se expresó la Sociedad Argentina de Pediatría, en su documento denominado “Documento conjunto de posicionamiento para la vuelta a las clases” publicado en el mes de octubre del año 2020 donde manifiestan que “la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) cree que la vuelta a las escuelas en la modalidad presencial es imprescindible. Por supuesto que la observación de las diferentes realidades epidemiológicas existentes en nuestro país y el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios son aspectos insoslayables a tener en cuenta para el regreso a las aulas. Creemos que en el proyecto de regreso a las aulas es fundamental cuidar la salud de los NNyA con las medidas adecuadas y destacamos que los integrantes del plantel docente y no docente de los colegios deben ser considerados trabajadores esenciales, como los trabajadores de la salud, de las fuerzas de seguridad y del transporte público para hacerlo realmente viable.”

Que durante todo el 2020 docentes y familias han realizado un gran esfuerzo para intentar dar continuidad pedagógica a cada niño, niña o adolescente, en muchos casos asumiendo roles para los que no estamos preparados y afectando por sobre todo la funcionalidad familiar.

Que la virtualidad ha sido una herramienta para acompañar el proceso educativo, pero bajo ninguna circunstancia podemos pesar en ella como el remplazo de las aulas y las relaciones personales que se crean tanto entre el alumnado como con docentes. Más aún si pensamos en las patologías del alumnado o en problemas familiares que se identifican en las aulas a través del comportamiento de niños, niñas y adolescentes, o que son manifestados por los mismos en la confianza que generan con sus docentes.

Que aun si pensáramos en el peor escenario y nos encontráramos con la imposibilidad de volver a las aulas, manteniendo con sistema principal la virtualidad, dejaríamos a un altísimo porcentaje de alumnos y alumnas por fuera del sistema, aumentando así la brecha de desigualdad y oportunidades. En relación a esto, un informe presentado en octubre pasado por UNICEF, realizado en base a una encuentra rápida de 129 preguntas hechas a 2.678 hogares, representando a un total de casi 27 millones de habitantes, refiere que “… el 18% de los y las adolescentes no cuenta con acceso a Internet en sus hogares, un porcentaje que se incrementa al 21% entre estudiantes de escuelas estatales y que afecta al 28% de los jóvenes entre 13 y 17 en hogares destinatarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Asimismo, el 37% de los encuestados afirma que no dispone de una computadora o tableta para realizar sus tareas escolares, aumentando al 44% de los estudiantes de establecimientos estatales y al 53% de quienes perciben la AUH.”

Que un dato alarmante que refleja el informe referido y por el cual entendemos fundamental el regreso a las aulas y que la educación debe realizarse de manera presencial es que: “el 69% de los adolescentes encuestados señala que no ha recibido devoluciones o correcciones de sus docentes respecto de los trabajos realizados para la escuela, y 31% no lo ha hecho. Cabe señalar que las devoluciones por parte de las y los docentes resultan más habituales entre quienes asisten a establecimientos de gestión privada (80%) respecto de los que lo hacen en escuelas estatales (66%)”.

Que debemos como comunidad, plantearnos de una vez por todas a la EDUCACION COMO PRIORIDAD siendo imperioso incluir los mecanismos necesarios para que la educación sea verdaderamente inclusiva y la única garantía para que esto suceda es la presencialidad.

Que en este sentido y por lo expuesto consideramos sumamente importante que tanto el Gobierno Nacional, como el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires declaren a la educación como servicio público esencial.

Por todo lo expuesto elevamos al Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon el siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

ARTÍCULO 1.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon solicita al Congreso de la Nación Argentina y a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires que establezcan a la educación como servicio público esencial durante el ciclo de escolaridad obligatoria.

ARTÍCULO2.- Asimismo solicita al Consejo Federal de Educación establezca la presencialidad del dictado de clases durante el ciclo de escolaridad obligatoria con el cumplimiento de las medidas sanitarias correspondientes.

ARTÍCULO3.- Elevar copia de la presente a todos los Consejos Escolares de la provincia de Buenos Aires, gremios docentes; UDOCBA, FEB, SUTEBA, SADOP, ACIDEPBA, UPCN, ATE entre otros, a los fines poner en conocimiento de la presente.

ARTICULO 4.- De forma.